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El estadio donde se jugará la final del mundial, el mítico Maracaná, es el centro de las polémicas porque costó 600 millones de dólares abonado con dinero del estado y que al ser privatizado le sale aún más caro al gobierno de Río de Janeiro. Las empresas que se encargan del mantenimiento de estadio pertenecen a políticos.
Sin dudas este será el Mundial del escándalo y cada día que pasa se van descubriendo más hechos de corrupción, ya que los políticos no solo «mamaron» de los sobreprecios de las obras de estadios, rutas, aeropuertos y afines, sino que también están «prendidos» a la prestación de servicios del estadio Maracaná.
La seguridad, limpieza, orientación del público y colocación de vallado, pertenecen a políticos que están actualmente en su cargos, denunció ESPN de Brasil.
Es tan grande la corrupción que dichas empresas cobran precios exorbitantes, tan altos, que superan lo que el mercado manda, por eso, el «Consorcio Maracaná» que está a cargo del coloso carioca, lleva perdido 23 millones de dólares desde que el estadio fue re-inaugurado en 2013.
Quienes están pagando el pato son los poderosos Flamengo y Fluminense, quienes ven como sus gastos aumentan pero las ganancias disminuyen dráticamente cada vez que juegan allí.
La directiva del Flamengo, por ejemplo, calculó que jugar en el Maracaná le lleva costado 4 millones de dólares más de lo que le costarían los estadios «Padrón FIFA», como el Mané Garrincha de Brasilia.
Para citar un mero ejemplo, uno de los proveedores del Maracaná es Sunset Vigilancia y Seguridad LTDA. Esta empresa es dirigida por Anderson Felipe Gonçalves, un oficial de policía, ex jefe de la custodia personal del ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. Este hombre, brazo derecho del mencionado político, a su vez, dirige a la empresa encargada de la limpieza Sunplus Sistemas de Servicio LTDA.
Sergio Cabral, mientras era gobernador de Río, le concedió, no solo la seguridad a su custodio, sino que también la empresa que se encarga de la limpieza del estadio. Lo que hizo explotar de ira al pueblo, y la gente se volcó a las calles a protestar.
El ex gobernador niega tener algo que ver con las concesiones, y se justificó al decir que su custodio ganó la licitación de manera «lícita».
Además, se descubrieron otras empresas prestadoras vinculadas a familiares de concejales.
@lostribuneros
