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La Justicia ha tomado una decisión crucial en el contexto electoral de Boca Juniors, al decretar la suspensión de las elecciones debido a presuntas irregularidades en el padrón. La denuncia, presentada por los candidatos de la oposición Andrés Ibarra y Mauricio Macri, ha desatado un debate acalorado en torno a la transparencia del proceso electoral.
Los denunciantes han exigido una depuración del padrón, alegando la presencia de más de 13 mil socios de dudosa existencia. Esta solicitud busca, según sus declaraciones, establecer un club «institucionalizado y profesionalizado», desvinculándolo de la supuesta gestión cuestionable actual.
La jueza a cargo, Alejandra Abrebaya, ha fundamentado la suspensión argumentando la necesidad de resolver las presuntas irregularidades detectadas en el padrón antes de continuar con el proceso electoral. Sin embargo, sus vínculos políticos previos con los denunciantes han generado cuestionamientos sobre la imparcialidad de la decisión.
Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, respondió a las acusaciones refiriéndose al manejo del padrón durante la gestión anterior, sugiriendo inconsistencias en las cifras de socios habilitados para votar en el pasado.
Este episodio ha desatado una ola de incertidumbre en el club, planteando interrogantes sobre la transparencia del proceso electoral y sus posibles implicaciones políticas. La suspensión de las elecciones en Boca Juniors deja al club en un limbo mientras se espera una resolución de las presuntas irregularidades señaladas.
