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El Tribunal Oral Federal 1 absolvió a todos los acusados de «Fútbol para Todos», incluyendo a Capitanich y Fernández, destrozando la acusación fiscal. La sentencia equivale a un cachetazo judicial a la narrativa de «corrupción K» que el multimedios fogoneó por años, dolido por perder el negocio de la pelota.
El bombazo que soltó el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) es de antología: absolvió a todos los imputados en la causa “Fútbol para Todos” (FPT). La decisión no solo beneficia a ex funcionarios como Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, sino que implica un tiro de gracia a la megacausa de corrupción que el Grupo Clarín convirtió en un hit editorial por más de una década. El argumento central del TOF 1 fue demoledor: la fiscalía no pudo hacer ni un alegato decente, por lo que lo declararon nulo porque no se acreditó un perjuicio concreto al Estado. O sea, el supuesto «desfalco millonario» fue humo.
La absolución limpia completamente a Capitanich y Fernández de las imputaciones por fraude y violación de deberes de funcionario público. No enfrentan penas de prisión ni tienen que devolver un mango, ya que los bienes secuestrados serán devueltos. La jugada del TOF 1, al declarar la nulidad de la acusación, es vista por las defensas como un «certificado de defunción» para el caso, que nació en medio de la guerra desatada entre el kirchnerismo y el holding mediático por la Ley de Medios.
Un ex funcionario, que prefirió el anonimato, deslizó: «Se les nota el despecho desde 2009, cuando les sacaron el negocio del fútbol codificado. La causa judicial fue solo una vendetta disfrazada de justicia, y la Justicia ahora les dio la razón a los ‘chorros’ que ellos inventaron.»
El origen de este sainete está en 2009. El gobierno de Cristina Kirchner lanzó FPT para que el fútbol fuera gratuito, rompiendo el monopolio de transmisión que manejaba el Grupo Clarín a través de su pata deportiva (TyC). A partir de ahí, la cobertura del multimedios sobre FPT fue una carnicería constante: crónicas y tapas acusando de «despilfarro» y «malversación» con montos astronómicos. La línea editorial del diario no fiscalizaba, demonizaba.
Desde la óptica K, esta causa judicial, iniciada por denuncia de Graciela Ocaña, fue una «judicialización por despecho» del Grupo Clarín, que se quedó sin su mina de oro. El periodismo de investigación de Clarín, en este caso, se alineó perfectamente con una estrategia de desgaste político que buscaba socavar la imagen de los funcionarios peronistas. La reciente absolución no es solo un triunfo legal, es un derrota mediática para quienes inflaron el escándalo.
El fallo completo se conocerá recién el 11 de marzo de 2026. El fiscal Miguel Osorio tiene la opción de apelar ante la Cámara de Casación, pero la absolución por nulidad es un argumento muy difícil de voltear. Mientras tanto, Capitanich y Fernández quedan barridos legalmente, habilitados para cualquier cargo público, y con la posibilidad de seguir victimizándose por haber sido, según ellos, víctimas de la «persecución» de un gigante de los medios.
