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La magnitud del operativo, que alcanzó a 33 sedes entre AFA y clubes de Primera y Ascenso, no solo investiga el presunto lavado de $818.000 millones; también parece ser la herramienta para quebrar la resistencia de Claudio Tapia y allanar el camino hacia la privatización del fútbol argentino.
La investigación judicial por presunto lavado de dinero a través de la financiera Sur Finanzas es el ariete perfecto para el gobierno de Javier Milei. Mientras la DGI denuncia transferencias por $818.000 millones y se ordena el allanamiento de la AFA y más de 15 clubes—incluyendo gigantes como San Lorenzo ($660M), Racing ($100M) e Independiente—, el trasfondo político es ineludible. Este operativo no solo huele a investigación, sino a una guerra declarada contra Claudio «Chiqui» Tapia, principal opositor a la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
⚔️ La ‘Vendetta’ Política en la Cancha
La simultaneidad de los 33 allanamientos (ejecutados el 9 de diciembre de 2025 por el juez Luis Armella) genera la sospecha de que la Justicia está siendo utilizada como una herramienta de presión política. La causa se centra en una financiera, Sur Finanzas, que casualmente es sponsor de la Liga Profesional y la Selección, y está ligada a Ariel Vallejo, un empresario vinculado directamente a la cúpula de la AFA. Al tocar el corazón financiero de Tapia, el gobierno debilita su figura y su capacidad de resistencia.
- El Objetivo No Oficial: La AFA de Tapia se opone férreamente a las SAD, defendiendo el modelo de Asociación Civil sin fines de lucro que rige hoy. Los allanamientos son el mensaje más crudo: o se alinean, o la Justicia los desmantela por corrupción.
- La Táctica: Se apunta a la cadena de favores y el manejo de fondos turbios ($818.000M) que mantienen vivo el sistema del fútbol. Con el levantamiento del secreto fiscal y el celular de Vallejo en manos del juez (cargado de «chats con dirigentes»), se busca generar un quiebre interno en la dirigencia.
💸 Del FIFA Gate a la Billetera Local
La investigación recuerda, en su metodología de shock y su efecto dominó, al FIFA Gate de 2015. En aquel caso, Estados Unidos utilizó su poder judicial para exponer la corrupción global de la FIFA, en parte como represalia por la pérdida de la sede mundialista 2022. Acá, el despecho es por la negativa a la privatización.
La diferencia es que la causa Sur Finanzas opera con la corrupción criolla: un entramado de transferencias millonarias usando testaferros y monotributistas para lavar dinero a través de préstamos y sponsoreos inflados en clubes de todas las categorías, desde los grandes endeudados hasta el ascenso más humilde. Es la podredumbre que sostiene la estructura actual.
El resultado de esta «guerra» va más allá de la condena: si Tapia cae, o si la presión judicial paraliza las cuentas de los clubes, el camino para la privatización queda allanado, cumpliendo uno de los deseos más enfáticos del gobierno libertario.
La magnitud del operativo, que alcanzó a 33 sedes entre AFA y clubes de Primera y Ascenso, no solo investiga el presunto lavado de $818.000 millones; también parece ser la herramienta para quebrar la resistencia de Claudio Tapia y allanar el camino hacia la privatización del fútbol argentino.
La investigación judicial por presunto lavado de dinero a través de la financiera Sur Finanzas es el ariete perfecto para el gobierno de Javier Milei. Mientras la DGI denuncia transferencias por $818.000 millones y se ordena el allanamiento de la AFA y más de 15 clubes—incluyendo gigantes como San Lorenzo ($660M), Racing ($100M) e Independiente—, el trasfondo político es ineludible. Este operativo no solo huele a investigación, sino a una guerra declarada contra Claudio «Chiqui» Tapia, principal opositor a la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
⚔️ La ‘Vendetta’ Política en la Cancha
La simultaneidad de los 33 allanamientos (ejecutados el 9 de diciembre de 2025 por el juez Luis Armella) genera la sospecha de que la Justicia está siendo utilizada como una herramienta de presión política. La causa se centra en una financiera, Sur Finanzas, que casualmente es sponsor de la Liga Profesional y la Selección, y está ligada a Ariel Vallejo, un empresario vinculado directamente a la cúpula de la AFA. Al tocar el corazón financiero de Tapia, el gobierno debilita su figura y su capacidad de resistencia.
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El Objetivo No Oficial: La AFA de Tapia se opone férreamente a las SAD, defendiendo el modelo de Asociación Civil sin fines de lucro que rige hoy. Los allanamientos son el mensaje más crudo: o se alinean, o la Justicia los desmantela por corrupción.
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La Táctica: Se apunta a la cadena de favores y el manejo de fondos turbios ($818.000M) que mantienen vivo el sistema del fútbol. Con el levantamiento del secreto fiscal y el celular de Vallejo en manos del juez (cargado de «chats con dirigentes»), se busca generar un quiebre interno en la dirigencia.
💸 Del FIFA Gate a la Billetera Local
La investigación recuerda, en su metodología de shock y su efecto dominó, al FIFA Gate de 2015. En aquel caso, Estados Unidos utilizó su poder judicial para exponer la corrupción global de la FIFA, en parte como represalia por la pérdida de la sede mundialista 2022. Acá, el despecho es por la negativa a la privatización.
La diferencia es que la causa Sur Finanzas opera con la corrupción criolla: un entramado de transferencias millonarias usando testaferros y monotributistas para lavar dinero a través de préstamos y sponsoreos inflados en clubes de todas las categorías, desde los grandes endeudados hasta el ascenso más humilde. Es la podredumbre que sostiene la estructura actual.
El resultado de esta «guerra» va más allá de la condena: si Tapia cae, o si la presión judicial paraliza las cuentas de los clubes, el camino para la privatización queda allanado, cumpliendo uno de los deseos más enfáticos del gobierno libertario.
